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Igual que sucedió con Cecilia María Vélez, cuando fue ministra de Educación de Alvaro Uribe Vélez, la actual titular de esa cartera, Yaneth Giha, propone hacer una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, a fin de reformar el modelo de asignación de recursos.
 
La ministra también busca que los beneficiarios de Ser Pilo Paga sean objeto del nuevo modelo de ingreso contingente, según el cual estos deberán retornar los valores invertidos en su formación, a medida que ingresen al mercado laboral.
 
Según el gobierno Ser Pilo Paga se mantendría como está actualmente y se busca un proyecto de ley, trabajado con algunos rectores, no solo para que sea política pública, sino también para asegurar que este nuevo modelo aplique para las próximas generaciones. Así mismo, se contemplan como otras opciones: Limitar el valor de las matrículas, y el número de cupos en privadas.
Tres veces ha propuesto el presidente Santos convertir Ser Pilo Paga en una política de Estado (desde el año 2015), sin que a la fecha exista un proyecto de ley, concreto, salvo una iniciativa particular de algunos parlamentarios, que sigue su curso, y comprometería aún más el presupuesto nacional.
El punto, por ahora, es que cualquiera de estas iniciativas requiere el trámite legislativa, en un Congreso que cada vez tiene menos mayorías del gobierno, y que una reforma de esta naturaleza comenzaría a obligar a los siguientes gobiernos.
 
En su momento, la propuesta de reforma de la exministra Vélez, radicado en los últimos días de su gobierno, fue archivado con la llegada del gobierno Santos, quien a los pocos meses lo reemplazo por una reforma sustancial de la Ley 30 de 1992, que se frustró.
 
Vale la pena reseñar la reflexión del editorial ed El Espectador al respecto:
 
El país tiene pendiente una reforma a la financiación de las universidades públicas que está en la Ley 30 de 1992, pero esa ya será una tarea del próximo Congreso y presidente. El debate deberá darse, sin populismo mesiánico, en esta carrera electoral para que se posicione como una prioridad. El tema no da espera.
 
Finalmente, en época de vacas flacas las peticiones deben ser razonables e ir acompañadas de una respuesta clara por parte del Gobierno. Los recursos para las universidades públicas deben ser exclusivas para ellas, pues es inaceptable que haya instituciones desfinanciadas. Que se escuchen las voces de los estudiantes.