El Tribunal Constitucional (TC) de Chile declaró inconstitucional un artículo de la reforma educativa impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet, al dar luz verde a empresas o fundaciones que tienen fines de lucro para controlar universidades y otros centros de educación superior.
La medida ha sido rechazada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, que consideran que la medida va en contra de la Constitución Política que exigía que los controladores no tuvieran fines de lucro.
Por 6 votos contra 4, el TC declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, con lo cual dio luz verde a que instituciones con fines de lucro controlen universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.
"Por mayoría de votos se acordó declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades" dijo en un comunicado el organismo, que añadió que el texto completo de la resolución se conocerá el próximo 26 de abril.
La ley de educación superior propuesta por Bachelet y aprobada por el Parlamento, estableció que sólo personas naturales o instituciones de derecho privado sin fines de lucro podían participar en el control de centros de educación superior.
A juicio del TC, que ha sido acusado por sectores políticos de actuar como una tercera cámara legislativa, la disposición inicial de la normativa vulneraría la igualdad ante la ley y la libertad de enseñanza.
También el TC, en su resolución de este martes, declaró constitucionales otras disposiciones de la ley, entre ellas, el régimen de gratuidad en la educación superior y su financiación.
El fallo del organismo constitucional había trascendido en días pasados y desdramatizado por el ministro de Educación, Gerardo Varela, mientras la inquietud de estudiantes y el profesorado ha aumentado.
"Los fallos del TC se acatan, es lo que corresponde en un estado de Derecho", publicó en twitter la expresidenta Michelle Bachelet, que añadió, no obstante, que "con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la educación superior".
El presidente del Senado, Carlos Montes, afirmó que la decisión del TC "daña a todo el sistema democrático"y sostuvo que "hay que reformar el TC".
En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, recordó que el Parlamento "recogió una sentida demanda de la ciudadanía por una educación gratuita y de calidad y para eso, durante el periodo legislativo que terminó debatimos ampliamente, deliberamos y legislamos".
"Esto genera un enorme daño a la educación chilena", dijo Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la universidad Arcis, en declaraciones a radio ADN.
"Lo que se ha hecho es derogar o suprimir un artículo por secretaría para pasar por encima de la ley y seguir lucrando con la educación", señaló.
El diputado Giorgio Jackson, que saltó a la política desde las movilizaciones estudiantiles, se declaró "bastante decepcionado" y llegó a considerar que "ya no tiene ningún sentido legislar".
Lo que hace el TC, añadió en declaraciones a Radio Cooperativa, "es borrar de un plumazo algo que se lleva más de 10 años tratando de hacer, contradiciendo también el espíritu de la ley".
"Si no hacemos algo con el TC, la verdad es que lo que hagamos o no en la Cámara de Diputados va a ser bastante impotente", sentenció.
Declaración de los rectores del Consorcio de Universidades del Estado ante el fallo del Tribunal Constitucional
La educación de calidad, constituida ahora en un derecho fundamental de nuestra sociedad, lleva implícita la condición de constituir una actividad no lucrativa. La sociedad chilena, mediante un proceso democrático y una ley, hizo efectivo y extensivo este principio al conjunto de instituciones de educación superior cuyos organizadores estuvieran constituidos como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.
El dictamen del TC amenaza con derrumbar este logro, pues declara inconstitucional el artículo 63 del Proyecto de Ley sobre Educación Superior. Ese artículo exigía que los controladores no tuvieran fines de lucro. La eliminación de dicho artículo permitirá que entidades o personas cuyo fin es el lucro controlen universidades. Inevitablemente ellas buscarán cumplir con el propósito que las define.
Paradojalmente, la Ley mantiene la existencia de una Superintendencia que debe impedir el lucro en Educación Superior, es decir, para evitar que las entidades controladoras cumplan su objetivo. La Ley resulta incongruente, pues mandata al Estado a erradicar el lucro en la Educación Superior, a la vez que permite que las Instituciones de Educación Superior sean controladas por instituciones o personas cuyo fin es el lucro. Se puede expresar esta inconsistencia jurídica consignando que, al eliminar el artículo 63, el lucro queda legitimado en tanto no sea pesquisado por el Estado mediante la Superintendencia.
Las implicancias son previsibles. El Estado deberá entregar recursos públicos a instituciones y personas jurídicas privadas con fines de lucro, algunas de las cuales incluso cotizan en la bolsa de valores. Se transferirán recursos públicos a personas e instituciones privadas, nacionales y extranjeras, que en definitiva irán a parar a instancias que lucran. También las familias, al pagar la educación universitaria de sus hijos e hijas, estarían contribuyendo al lucro de sus controladores, en vez de contribuir a la calidad de su educación.
Los rectores de las universidades estatales manifestamos nuestra desaprobación por la inconsistencia e ineficacia en que se dejaría a una ley democráticamente aprobada y altamente valorada por la sociedad. Exhortamos a las autoridades a reponer este artículo ante el Congreso Nacional.
Ennio Vivaldi Véjar.
Rector de la Universidad de Chile y Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile
Rector de la Universidad de Chile y Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile
Fuente: La Vanguardia, de Chile y U. de Chile