La propuesta preparada por los Ministerios de Educación, Hacienda, Planeación Nacional y algunos rectores, aún está en estado de borrador, pero pretende modificar dos artículos de la Ley 30 de 1992 que designan cómo se reparten los recursos para las instituciones de educación superior.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es una de las autoridades nacionales de planeación. Se encarga, sobre todo, de políticas económicas y sociales. Esto incluye la educación.
La nueva propuesta del CONPES, que hasta ahora está en estado de borrador, fue preparada por algunos rectores de las IEA y los Ministerios de Educación, Hacienda y Planeación Nacional, y pretende trazar la hoja de ruta para el financiamiento de las Instituciones de Educación Superior públicas hasta 2030.
Según el portal sobre educación Universia, el borrador debería estar listo antes de 2018, pero los ánimos se han ido agotando con la incertidumbre sobre quién será el nuevo presidente del país.
El grueso del cambio que representaría para la educación superior es que los recursos que se distribuyen entre las instituciones de educación superior se repartirán por resultados, que sería la base para una reforma de la Ley 30. Los artículos 86 y 86 de la ley, que son los que cambiarían, dicen que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por aportes de los entes territorios, y por recursos propios.
Las universidades públicas recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacionales y de los entes territoriales (como las gobernaciones departamentales) con base en presupuestos de rentas y gastos. Aquí es donde cambiaría. El sistema de distribución de recursos para la educación superior pasaría de rentas y gastos de cada institución, a una especie de “pago por resultado”.
Según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) desde el año 2000 hasta 2016, las matrículas universitarias en Colombia han aumentado en un 124%. Y entre más estudiantes haya, debe haber mejor infraestructura y más personal calificado y tecnología adecuada. “Esto ha generado enormes presiones financieras para las instituciones de carácter público”, dice el borrador, “debido a la gran carga que implica el decreto salarial y prestacional docente que rige actualmente, y a que la porción de sus ingresos que proviene de transferencias estatales no ha crecido al mismo ritmo que el aumento de cobertura y de condiciones de calidad logradas”.
Según datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (SACES), en 2017 existen en el país 292 instituciones de educación superior, 81 de carácter público y 211 privadas.
El problema es que el Ministerio de Educación Nacional realiza anualmente transferencias solamente a 62 de las 81 IES públicas que están adscritas al sector educación. Las 19 restantes son de régimen especial y su financiación proviene de los recursos del sector al que pertenecen. (Lea también: Así marcharon los estudiantes para reclamar mayor financiación)
Por otro lado, las instituciones de educación superior que son técnicas o tecnológicas, no están incluídas en estos artículos de la Ley 30. Solo 18 han recibido recursos del Presupuesto General de la Nación entre el año 2000 y 2016. Para 2017, solo 5 recibieron esos recursos: la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, e Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez" de Cali.
De esta forma, la financiación de las IES públicas, con excepción de las universidades, depende únicamente de recursos propios y de aportes provenientes de los entes territoriales.
Dos sentencias de la Corte Constitucional (C-006/1996 y C-401/1998) declararon parcialmente inexequibles los artículos 73 y 74 de la Ley 30, y le otorgaron a los docentes una igualdad de trato en las prestaciones sociales a los profesores de planta, profesores ocasionales, y de cátedra, además del personal administrativo. Eso representó un avance para la lucha de los docentes por salarios más dignos, pero obligó a las universidades a reconocer a todos los empleados con las mismas prestaciones sociales, haciendo uso del mismo presupuesto.
Según proyecciones del Ministerio de Educación Nacional, para cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de educación, para 2030 deberán estar matriculados 3.482.315 estudiantes en programas de pregrado en educación superior, 52,5 % de los cuales entrarán a instituciones públicas, incluyendo al SENA. Sin incluir al SENA, las IES públicas deberán entonces estar en condiciones de recibir en sus instalaciones a 1.090.933 estudiantes más.
Las propuestas
¿Cómo financiar una educación de calidad para esos nuevos estudiantes? De acuerdo con el portal de educación Universidad, el Ministerio de Educación quiere definir un modelo que asegure el incremento de la participación de los estudiantes dentro del monto total que se transfiera. Los recursos, dice el documento, están destinados en su totalidad para inversión (es decir, no habrá lugar para gastos administrativos y otros) y están dirigidos a tres estrategias educativas: permanencia estudiantil, formación del recurso docente, fortalecimiento de la capacidad de investigación, innovación y construcción, dotación y adecuación de infraestructura.
Para acceder a estos recursos, cada una de las IES públicas deberá presentar anualmente ante el Ministerio de Educación Nacional un plan de inversiones que esté acorde a los planes de desarrollo institucional vigentes, a través de su Consejo Directivo o Superior.
Por otro lado, en el 2019 el Ministerio de Educación Nacional establecerá un mecanismo de bolsa de recursos concursable dedicado a financiar inversiones que busquen el mejoramiento de condiciones de calidad de las IES públicas, sujeto a los recursos adicionales disponibles en cada vigencia, y que tendrá un origen similar al actual. La diferencia es que se hará un énfasis especial en las necesidades de cada institución, según el reporte que cada una entregue “para hacer una transición hacia el pago por resultados”.
Cada año, el Ministerio de Educación abrirá una convocatoria anual entre las IES públicas para que entreguen una propuesta de financiación.
“El ministerio deberá definir los reglamentos de funcionamiento de la bolsa y su modelo de distribución en un término no mayor a 1 año a partir de la aprobación del presente documento CONPES, para que este empiece a funcionar a partir de 2019”.
El fono está basado en la experiencia de otros fondos educativos en Latinoamérica como el Programa para el Mejoramiento de la Calidad y la Equidad en la Educación Terciaria (Mecesup) y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) de Chile, el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (Fomes) en México, entre otros.
De acuerdo con el resumen del portal Universidad, se buscará modificar el régimen salarial y prestacional docente “sin desincentivar la producción científica y artística de alta calidad”. Finalmente, el Ministerio expedirá una reglamentación que permita unificar los regímenes salariales del personal administrativo de las IES públicas con el fin de mejorar la eficiencia en el manejo de sus costos.
Para el año 2012, que es el último informe disponible, el Ministerio de Educación le giró a las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, un total de $2.474.515.843.000. Más de dos billones de pesos.